DELINCUENCIA Y CORRUPCION EN REPUBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2012
2/2
II
Como consecuencia de los graves males sociales y económicos que afectan actualmente a la sociedad dominicana, de la cual hemos hecho un diagnóstico somero en la primera parte de este articulo, se desprende el incremento de las contradicciones sociales y de las conmociones políticas y económicas. Los distintos segmentos de la población dominicana, incluyendo sectores de clase media, sufren actualmente las consecuencias terribles de la delincuencia y de la corrupción imperante.
La experiencia reciente de las luchas sociales a favor del 4% del producto interno bruto en beneficio de la educación dominicana, señalan o apuntan hacia un incremento de las conmociones y estremecimientos sociales. Por un lado, el Congreso Nacional produce un golpe institucional, aprobando inmediatamente un presupuesto nacional con serias deformaciones en relación con la inversión pùblica, por ejemplo la educación, y por otro lado, el reeleccionismo y el clientelismo que se ha reiniciado con motivo de la posible convocatoria a una consulta popular o referéndum que desde ya ha comenzado, mediante el pago de bonos, y la oferta de ventajas, la campaña tendente a justificar la repostulación presidencial. Todo con los recursos del Estado utilizados en forma despiadada, y con la complicidad del Congreso Nacional.
Gran parte de los fondos públicos se utilizarán en la pre campaña reeleccionista. Todo indica que al actuar presidente nada lo detendrá en esa campaña, por ende, se incrementarán los niveles de corrupción administrativa, el peculado, el robo de los fondos públicos, el trafico de influencias, el compadreo en los tres Poderes del Estado, el silencio de la Suprema Corte de Justicia frente a tanto deterioro económico y social, que conduce a nuestra sociedad hacia un 11 de septiembre.
El año 2012, será un periodo de detonaciones sociales, pues la población, la indignación de las fuerzas económicas y sociales, está angustiada por la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran, y harta de la voracidad y la hipocresía del gobierno de turno, en el cual todos los funcionarios de rango mayor y medio se han enriquecido de manera espantosa, con la complicidad y el silencio de la justicia dominicana, cuyos estamentos hacen silencio frente al crimen y la corrupción administrativa. (Continuara).
martes, 27 de diciembre de 2011
DELINCUENCIA Y CORRUPCION EN REPUBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2012
DELINCUENCIA Y CORRUPCION EN REPUBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2012
1/2
I
El nuevo año 2012, encuentra a la sociedad dominicana en un estado social, económico e institucional verdaderamente desastroso y catastrófico. El diagnostico de los problemas que afectan al país es preciso: 1. Deterioro de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y La Policía Nacional, como consecuencia del trafico de drogas, lavado y corrupción administrativa crecientes.
2. El auge de la delincuencia criminal, que tiene sus raíces en la mala distribución del ingreso nacional, el desempleo al nivel de un 30% de la población económicamente activa, y la poca organización de la clase trabajadora, obstaculizada en sus condiciones de organización sindical en las empresas.
3. La crisis de la agricultura y el auge de las importaciones por encima de las exportaciones, lo que indica un desequilibrio social.
4. La crisis social permanente, caracterizada por la baja inversión del Estado en las áreas de educación, salud, alimentación y construcciones, acompañada ésta por la no existencia de mecanismos de control de precios o por la poca eficiencia de éstos debido a la falta del poder necesario para el ejercicio del control de precios.
5. La carestía en general de los bienes de consumo en materia de alimentación y de salud de la población, tal como los precios incontrolados de los medicamentos.
6. La baja inversión social del Estado viene acompañada de la corrupción administrativa y de la concentración de la inversión en ciertas áreas privilegiadas que no ayudan a un sano financiamiento equilibrado de las áreas fundamentales de la economía.
7. La debilidad institucional, el clientelismo, el tráfico de influencias, el reeleccionismo, el robo y el saqueo de los fondos públicos.
8. acompañado èsto del uso masivo de los recursos del Estado para la perpetuación viciosa en el poder, tanto de los gobernantes como de los partidos que ascienden al control del gobierno y del Estado.
9. La no aplicación de la ley de función pùblica, de competitividad, de contratación de obras del Estado y la no aplicación de legislaciones que obligan a las licitaciones de las obras públicas.
10. El tráfico de influencia es particularmente pernicioso, y ayuda a incrementar los niveles de corrupción administrativa, cada vez más crecientes y tolerados en el Estado dominicano.
11. Las contradicciones sociales fundamentales de la sociedad dominicana, que conducen a los conflictos de las élites económicas entre si, especialmente conflictos de intereses económicos y sociales.
12. El narcotráfico al desnudo, tales como las inmensas redes que conducían Quirino y Figueroa Agosto, y otras ramificaciones.
13. Hay que mencionar también los bajos niveles de ingresos de la población trabajadora en general y de los miembros de las instituciones del Estado y de los institutos castrenses, cuyos miembros se ven empujados a convertirse en delincuentes activos o socios de los delincuentes.
14. El vínculo entre miembros, rasos, clases y oficiales, con el tráfico de drogas, el lavado y otros delitos conexos.
En este diagnóstico social, económico e institucional en sentido amplio se encuentran las raíces de la delincuencia en la República Dominicana. Las instituciones represivas se caracterizan por su incapacidad en sentido general para combatir y contrarrestar estratégicamente la delincuencia, que de por sí es un fenómeno complejo y que no tiene en las actuales circunstancias una solución confiable e inmediata.
El único camino para atacar la delincuencia criminal es el mejoramiento de los niveles económicos y sociales de la población y la eficiencia de las instituciones; el aumento de la inversión social, la redistribución del ingreso y el incremento de las políticas sociales en provecho y beneficio de la población desvalida. Los niveles de miseria absoluta y el robo de los fondos públicos son causa eficiente de la delincuencia.
La ley del talión, la agresión virulenta contra reales o supuestos individuos tildados de delincuentes; coger la justicia en sus manos, no es la solución a tan grave problema. Tampoco lo es la justicia dominicana: ésta tiene un sistema carcelario deficiente, con débiles controles y pocas actividades productivas en la población carcelaria, amén de la presencia de una mala y negativa pedagogía social.
Además hay que considerar la existencia de un procedimiento penal poco confiable, con funcionarios nombrados improvisadamente a base del tráfico de influencia, del amiguismo y el compadreo, que conduce a las compras de votos y de firmas para uso político a base de bonificaciones o de recursos del Estado (seguiremos).
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I
El nuevo año 2012, encuentra a la sociedad dominicana en un estado social, económico e institucional verdaderamente desastroso y catastrófico. El diagnostico de los problemas que afectan al país es preciso: 1. Deterioro de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y La Policía Nacional, como consecuencia del trafico de drogas, lavado y corrupción administrativa crecientes.
2. El auge de la delincuencia criminal, que tiene sus raíces en la mala distribución del ingreso nacional, el desempleo al nivel de un 30% de la población económicamente activa, y la poca organización de la clase trabajadora, obstaculizada en sus condiciones de organización sindical en las empresas.
3. La crisis de la agricultura y el auge de las importaciones por encima de las exportaciones, lo que indica un desequilibrio social.
4. La crisis social permanente, caracterizada por la baja inversión del Estado en las áreas de educación, salud, alimentación y construcciones, acompañada ésta por la no existencia de mecanismos de control de precios o por la poca eficiencia de éstos debido a la falta del poder necesario para el ejercicio del control de precios.
5. La carestía en general de los bienes de consumo en materia de alimentación y de salud de la población, tal como los precios incontrolados de los medicamentos.
6. La baja inversión social del Estado viene acompañada de la corrupción administrativa y de la concentración de la inversión en ciertas áreas privilegiadas que no ayudan a un sano financiamiento equilibrado de las áreas fundamentales de la economía.
7. La debilidad institucional, el clientelismo, el tráfico de influencias, el reeleccionismo, el robo y el saqueo de los fondos públicos.
8. acompañado èsto del uso masivo de los recursos del Estado para la perpetuación viciosa en el poder, tanto de los gobernantes como de los partidos que ascienden al control del gobierno y del Estado.
9. La no aplicación de la ley de función pùblica, de competitividad, de contratación de obras del Estado y la no aplicación de legislaciones que obligan a las licitaciones de las obras públicas.
10. El tráfico de influencia es particularmente pernicioso, y ayuda a incrementar los niveles de corrupción administrativa, cada vez más crecientes y tolerados en el Estado dominicano.
11. Las contradicciones sociales fundamentales de la sociedad dominicana, que conducen a los conflictos de las élites económicas entre si, especialmente conflictos de intereses económicos y sociales.
12. El narcotráfico al desnudo, tales como las inmensas redes que conducían Quirino y Figueroa Agosto, y otras ramificaciones.
13. Hay que mencionar también los bajos niveles de ingresos de la población trabajadora en general y de los miembros de las instituciones del Estado y de los institutos castrenses, cuyos miembros se ven empujados a convertirse en delincuentes activos o socios de los delincuentes.
14. El vínculo entre miembros, rasos, clases y oficiales, con el tráfico de drogas, el lavado y otros delitos conexos.
En este diagnóstico social, económico e institucional en sentido amplio se encuentran las raíces de la delincuencia en la República Dominicana. Las instituciones represivas se caracterizan por su incapacidad en sentido general para combatir y contrarrestar estratégicamente la delincuencia, que de por sí es un fenómeno complejo y que no tiene en las actuales circunstancias una solución confiable e inmediata.
El único camino para atacar la delincuencia criminal es el mejoramiento de los niveles económicos y sociales de la población y la eficiencia de las instituciones; el aumento de la inversión social, la redistribución del ingreso y el incremento de las políticas sociales en provecho y beneficio de la población desvalida. Los niveles de miseria absoluta y el robo de los fondos públicos son causa eficiente de la delincuencia.
La ley del talión, la agresión virulenta contra reales o supuestos individuos tildados de delincuentes; coger la justicia en sus manos, no es la solución a tan grave problema. Tampoco lo es la justicia dominicana: ésta tiene un sistema carcelario deficiente, con débiles controles y pocas actividades productivas en la población carcelaria, amén de la presencia de una mala y negativa pedagogía social.
Además hay que considerar la existencia de un procedimiento penal poco confiable, con funcionarios nombrados improvisadamente a base del tráfico de influencia, del amiguismo y el compadreo, que conduce a las compras de votos y de firmas para uso político a base de bonificaciones o de recursos del Estado (seguiremos).
Continuacion del Blog
El blog Socialismo del Siglo XXI, recomienza de nuevo despues de una interrupcion de 6 meses
martes, 21 de junio de 2011
Obama y la OTAN Atacan a Libia Sin Permiso del Congreso de los E.U.
21/6/2011
Con las acciones militares y las matanzas y bombardeos que llevan a cabo los E.U., y la OTAN con el visto bueno de la Organizacion de las Naciones Unidas, se produce una agresion contra el pueblo y el estado Libio, que viola el principio de libre determinacion de los pueblos. actualmente las operaciones militares en Libia llevan 3 meses y por primera vez desde el inicio de los bombardeos de la Otan en marzo pasado, el Presidente Republicano de la Camara de Representantes amenazò la semana pasada con bloquear la misiòn dirigida contra el regimen del coronel Muhammad Gadafi.
En un comunicado emitido la semana pasada, señaló que “esta semana los miembros del congreso analizaran todas las opciones posibles para que la administración del Poder Ejecutivo haga rendición de cuentas”. Los legisladores republicanos persiguen que Barack Obama rinda cuentas sobre la intervención de los E.U. en Libia, la cual se ha producido sin autorización del senado. El presidente de la Cámara de Representantes amenaza con bloquear los recursos que se vienen utilizando en las operaciones militares.
Los aviones de la OTAN se han mantenido bombardeando y debilitando las fuerzas militares de Libia, con la complicidad de las Naciones unidas. La intervención en Libia, apoyada por la ONU, contradice los propios principios de esa organización multilateral, pues esta atentando contra el principio de libre determinación de los pueblos y el principio de soberanía del Estado Libio, hoy víctima de una intervención extraña al papel que debe desempeñar las Naciones Unidas en el mundo.
La situación actual es que el Poder Ejecutivo y Barack Obama tendrán que respondercon una rendición de cuentas sobre la cantidad de gastos militares en que ha incurrido en sus agresiones contra el pueblo Libio, se trata de una matanza de civiles con bombas y misiles, al lado de la ONU que ha sido siempre un instrumento del imperio norteamericano, el cual siempre interviene en nombre de los derechos humanos.
Pero mucha gente en el mundo desconoce que Estados Unidos, ese campeón de la justicia y los derechos nunca ha querido firmar la carta de los Derechos Humanos. Y es natural que así sea pues los soldados norteamericanos son formados para matar y asesinar cruelmente y torturar a gente inocente. Hoy se presentan como guardianes del mundo con derecho a matar en cualquier parte del globo terráqueo, conjuntamente con la ONU, y lo hacen en cualquier país del mundo con la excusa de salvar vidas.
Los Estados Unidos invadieron la República Dominicana en 1965 y masacraron al pueblo dominicano, matando a miles y miles de buenos dominicanos, hombres y mujeres, para luego imponer como presidente a Joaquín Balaguer, presidente criminal que surgió de unas elecciones fraudulentas. Pero la libertad y la justicia nacerán espontáneamente sobre el sacrificio de los pueblos que luchan por sus ideales de soberanía e independencia.
martes, 8 de marzo de 2011
DOS MILLONES DE FIRMAS PARA LA REELECCION PRESIDENCIAL
Angel Moreta
Dos altos funcionarios o ex funcionarios del actual gobierno, están empeñados actualmente en una campaña pùblica en pro de reunir dos millones de firmas de ciudadanos dominicanos, en todo el territorio nacional, supuestamente apoyando la repostulación presidencial del actual incumbente del Poder Ejecutivo.
La campaña aludida está siendo promovida en todos los ámbitos de la nación por dos ex funcionarios que participan del círculo exclusivo del actual Presidente de la República; el fin es producir una reforma de la actual constitución de la República, aprobada el 26 de enero del pasado año 2010, lo cual constituye una iniciativa irracional, ciega e interesada de manera muy particular.
Dichos funcionarios persiguen una reforma de la Constitución tendente a justificar y permitir una repostulación del actual Presidente para mantenerse en el Poder. Indudablemente que dichos funcionarios y ex funcionarios forman parte de un sector reeleccionista dentro del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, son parte de un plan estratégico reeleccionista que busca, a través de un referéndum, modificar la Constitución del 26 de enero del año 2010, para posibilitar la continuación en el Poder Político.
El plan estratégico conlleva obtener el beneplácito de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ser designados como miembros del Tribunal Constitucional; y de este modo, lograr que ese nuevo Tribunal se ponga del lado del reeleccionismo.
De ahí que el Senado de la República borró en el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, el asunto de la edad, cuyo límite era de 75 años; y debido a que varios jueces ya tienen esa edad, y en consecuencia del proyecto de llevarlos al Tribunal Constitucional, borraron ese límite de edad para posibilitar la nueva integración de ese Tribunal Superior.
Se trata de una verdadera negociación estratégica, oscura y dañina, ya que el Tribunal Constitucional debe ser formado o integrado por jueces nuevos, con sangre nueva, que colaboren con el verdadero espíritu de una jurisdicción constitucional como poder superior de la nación Dominicana; y ya se sabe que los jueces saturados de la actual Suprema Corte de Justicia, por más de una década, vienen con una carga envejeciente que no les permitirá ejercer con absoluta independencia su papel de máximos árbitros en materia de ley suprema constitucional.
El artículo 124 de la Constitución del 2010, versa sobre la condición de que el Presidente de la República será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. En consecuencia, la búsqueda de dos millones de firmas constituye parte de un plan publicitario llevado a efecto con los recursos del Estado, destinado a justificar la reelección presidencial, lo cual crearía un caos institucional y un desorden jurídico que podría ser de magnitudes catastróficas.
Hacemos un llamado a nuestro amigo el Dr. Leonel Fernández, para que no le de aceptación a ese plan, y evite de esta manera una tragedia nacional que seria negativa para la historia dominicana; por lo cual le sugerimos examinar el asunto con desprendimiento y evitar acontecimientos catastróficos, de consecuencias imprevisibles, tales como los que ocurrieron en 1930, con el presidente Horacio Vásquez.
Angel Moreta
Dos altos funcionarios o ex funcionarios del actual gobierno, están empeñados actualmente en una campaña pùblica en pro de reunir dos millones de firmas de ciudadanos dominicanos, en todo el territorio nacional, supuestamente apoyando la repostulación presidencial del actual incumbente del Poder Ejecutivo.
La campaña aludida está siendo promovida en todos los ámbitos de la nación por dos ex funcionarios que participan del círculo exclusivo del actual Presidente de la República; el fin es producir una reforma de la actual constitución de la República, aprobada el 26 de enero del pasado año 2010, lo cual constituye una iniciativa irracional, ciega e interesada de manera muy particular.
Dichos funcionarios persiguen una reforma de la Constitución tendente a justificar y permitir una repostulación del actual Presidente para mantenerse en el Poder. Indudablemente que dichos funcionarios y ex funcionarios forman parte de un sector reeleccionista dentro del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, son parte de un plan estratégico reeleccionista que busca, a través de un referéndum, modificar la Constitución del 26 de enero del año 2010, para posibilitar la continuación en el Poder Político.
El plan estratégico conlleva obtener el beneplácito de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ser designados como miembros del Tribunal Constitucional; y de este modo, lograr que ese nuevo Tribunal se ponga del lado del reeleccionismo.
De ahí que el Senado de la República borró en el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, el asunto de la edad, cuyo límite era de 75 años; y debido a que varios jueces ya tienen esa edad, y en consecuencia del proyecto de llevarlos al Tribunal Constitucional, borraron ese límite de edad para posibilitar la nueva integración de ese Tribunal Superior.
Se trata de una verdadera negociación estratégica, oscura y dañina, ya que el Tribunal Constitucional debe ser formado o integrado por jueces nuevos, con sangre nueva, que colaboren con el verdadero espíritu de una jurisdicción constitucional como poder superior de la nación Dominicana; y ya se sabe que los jueces saturados de la actual Suprema Corte de Justicia, por más de una década, vienen con una carga envejeciente que no les permitirá ejercer con absoluta independencia su papel de máximos árbitros en materia de ley suprema constitucional.
El artículo 124 de la Constitución del 2010, versa sobre la condición de que el Presidente de la República será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. En consecuencia, la búsqueda de dos millones de firmas constituye parte de un plan publicitario llevado a efecto con los recursos del Estado, destinado a justificar la reelección presidencial, lo cual crearía un caos institucional y un desorden jurídico que podría ser de magnitudes catastróficas.
Hacemos un llamado a nuestro amigo el Dr. Leonel Fernández, para que no le de aceptación a ese plan, y evite de esta manera una tragedia nacional que seria negativa para la historia dominicana; por lo cual le sugerimos examinar el asunto con desprendimiento y evitar acontecimientos catastróficos, de consecuencias imprevisibles, tales como los que ocurrieron en 1930, con el presidente Horacio Vásquez.
martes, 1 de marzo de 2011
DESMANTELAN EL INGENIO AMISTAD EN PUERTO PLATA
Ángel Moreta
El proceso de privatización de las empresas públicas, heredadas de la era de Trujillo por el pueblo dominicano, con el cual arrancó el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000), diò como resultado la liquidación total de ese patrimonio, que fue negociado en condiciones sumamente dañinas para la nación. Se creo y aprobó la ley de privatización en 1997, con el supuesto propósito de poner a tono la economía del país con los requerimientos de la globalización y del desarrollo tecnológico mundial, pero resultó lo contrario.
Es decir, la privatización trajo desempleo masivo, abandono de la producción azucarera, apropiación privada en condiciones ventajosas para el capital empresarial, tanto nacional como internacional; desagregación social en las comunidades humanas de la República, acentuación del hambre y la miseria y altos niveles de corrupción administrativa, prevaricación, robos, estafas, sobornos, asociaciones criminosas, contubernios y tráficos de influencias. Y de lo que podemos estar seguros es de que el pueblo dominicano no ganó absolutamente nada con el proceso de privatización, y lo mismo la nación, a no ser los sectores privados asociados a altos funcionarios que se agruparon para formar sociedades comerciales con el fin de enriquecimiento ilícito y apropiación privada descomunal.
El Banco Central sirve de instrumento para este escenario horripilante, comportándose como albacea y delfín de estas atrocidades económicas y políticas; la más reciente y más grafica de esta trama, 14 años después de iniciada la política de privatización, lo constituye el desmantelamiento del ingenio Amistad, en Imbert, Puerto Plata, en el poblado de Pérez, donde hace muchos años fueron establecidas las instalaciones del ingenio, que en su momento de esplendor logró contratar mas de 3 mil obreros entre dominicanos y haitianos.
El miserable desmantelamiento del Ingenio Amistad cuenta con la complicidad y el allanamiento, según se ha dicho, del Banco Central de la República, que en insolente actitud entrega todos los hierros al Consorcio Cañabrava, que carga desde el lunes 7 de febrero con toneladas y toneladas de hierro con un valor millonario ante el asombro de los pobladores de esa comunidad, de calles polvorientas, habitantes abandonados por la suerte de la privatización y que hoy se preguntan de donde van a sacar las fuentes para vivir.
Se trata de un regalo del patrimonio público a una empresa privada, después que el Ingenio Amistad pasó nueva vez a manos del Banco Central, un regalo maravilloso a particulares que reciben graciosamente los bienes del patrimonio público llevando a la miseria más absoluta a los pobladores de la comunidad de Pérez y beneficiando a un grupo de amigos y de supuestos inversionistas y empresarios.
Estos abusos cotidianos se cometen a diario en la sociedad dominicana, y no pueden dejar de mencionarse en la construcción de una antropología y una geografía del hambre en la República Dominicana; por ejemplo, lo que hizo la Dirección de Bienes Nacionales con los hierros de los rieles del antiguo ferrocarril de Manzanillo, que fueron regalados a particulares, creándose la comisión de un delito de estafa y robo en perjuicio de la nación y del pueblo dominicano, y dejando entrever que la privatización vino a ser un modo de reparto privado de la riqueza pública, con el contubernio de las autoridades.
Habitantes de Pérez, habitantes del país, habitantes de las comunidades, levántense contra los crímenes, los robos y la indelicadeza de las autoridades con el patrimonio nacional, y de una privatización que lo que ha hecho es crear mas hambre y miseria en el país.
Ángel Moreta
El proceso de privatización de las empresas públicas, heredadas de la era de Trujillo por el pueblo dominicano, con el cual arrancó el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000), diò como resultado la liquidación total de ese patrimonio, que fue negociado en condiciones sumamente dañinas para la nación. Se creo y aprobó la ley de privatización en 1997, con el supuesto propósito de poner a tono la economía del país con los requerimientos de la globalización y del desarrollo tecnológico mundial, pero resultó lo contrario.
Es decir, la privatización trajo desempleo masivo, abandono de la producción azucarera, apropiación privada en condiciones ventajosas para el capital empresarial, tanto nacional como internacional; desagregación social en las comunidades humanas de la República, acentuación del hambre y la miseria y altos niveles de corrupción administrativa, prevaricación, robos, estafas, sobornos, asociaciones criminosas, contubernios y tráficos de influencias. Y de lo que podemos estar seguros es de que el pueblo dominicano no ganó absolutamente nada con el proceso de privatización, y lo mismo la nación, a no ser los sectores privados asociados a altos funcionarios que se agruparon para formar sociedades comerciales con el fin de enriquecimiento ilícito y apropiación privada descomunal.
El Banco Central sirve de instrumento para este escenario horripilante, comportándose como albacea y delfín de estas atrocidades económicas y políticas; la más reciente y más grafica de esta trama, 14 años después de iniciada la política de privatización, lo constituye el desmantelamiento del ingenio Amistad, en Imbert, Puerto Plata, en el poblado de Pérez, donde hace muchos años fueron establecidas las instalaciones del ingenio, que en su momento de esplendor logró contratar mas de 3 mil obreros entre dominicanos y haitianos.
El miserable desmantelamiento del Ingenio Amistad cuenta con la complicidad y el allanamiento, según se ha dicho, del Banco Central de la República, que en insolente actitud entrega todos los hierros al Consorcio Cañabrava, que carga desde el lunes 7 de febrero con toneladas y toneladas de hierro con un valor millonario ante el asombro de los pobladores de esa comunidad, de calles polvorientas, habitantes abandonados por la suerte de la privatización y que hoy se preguntan de donde van a sacar las fuentes para vivir.
Se trata de un regalo del patrimonio público a una empresa privada, después que el Ingenio Amistad pasó nueva vez a manos del Banco Central, un regalo maravilloso a particulares que reciben graciosamente los bienes del patrimonio público llevando a la miseria más absoluta a los pobladores de la comunidad de Pérez y beneficiando a un grupo de amigos y de supuestos inversionistas y empresarios.
Estos abusos cotidianos se cometen a diario en la sociedad dominicana, y no pueden dejar de mencionarse en la construcción de una antropología y una geografía del hambre en la República Dominicana; por ejemplo, lo que hizo la Dirección de Bienes Nacionales con los hierros de los rieles del antiguo ferrocarril de Manzanillo, que fueron regalados a particulares, creándose la comisión de un delito de estafa y robo en perjuicio de la nación y del pueblo dominicano, y dejando entrever que la privatización vino a ser un modo de reparto privado de la riqueza pública, con el contubernio de las autoridades.
Habitantes de Pérez, habitantes del país, habitantes de las comunidades, levántense contra los crímenes, los robos y la indelicadeza de las autoridades con el patrimonio nacional, y de una privatización que lo que ha hecho es crear mas hambre y miseria en el país.
LOS INTERESES POLITICOS Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Angel Moreta
El tribunal Constitucional es la perla del momento, ocasión de debates jurídicos, históricos y políticos……. Han surgido posiciones diferentes entre abogados “constitucionalistas”, políticos, jueces de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios administrativos del Palacio Nacional y del Ministerio Público. Hasta los jerarcas de la iglesia católica han expresado también su punto de vista. Han dicho éstos que debiera formarse una comisión asesora para condimentar el debate parlamentario en el Congreso Nacional.
Han surgido también voces de “comunicadores” de los medios de prensa, radial, televisiva y escrita; quienes han opinado en artículos periodísticos que el Presidente de la República ha hecho muy bien en auspiciar la formación de una comisión asesora de los órganos legislativos para finiquitar y consensual las diferencias que han surgido en los debates, lo cual debe interpretarse como una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo.
En efecto, la Constitución aprobada el 26 de enero del año pasado trae la novedad de creación del Tribunal Constitucional; es una jurisdicción superior del sistema judicial dominicano para garantizar la supremacía de la Carta Magna, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales del pueblo dominicano. Tal jurisdicción cuenta con una ley orgánica, que es la que se encuentra en el centro del debate en cuanto a su competencia.
Los intereses encontrados entre jueces de la actual Suprema Corte de Justicia, legisladores, partidos, abogados y figuras de la administración, incluyendo la opinión cambiante del Presidente de la República, sobre las facultades y la competencia de dicho tribunal, revela la existencia de posiciones políticas contradictorias que conllevan intereses ideológicos diferentes.
Somos de opinión que de acuerdo a los artículos 277 y 278, es facultad de la nueva jurisdicción revisar decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional. En principio, el Presidente de la República compartía éste punto de vista, pero luego cambió su posición, siguiendo la propuesta del arzobispo Nicolás de Jesús López Rodríguez, asumiendo que el nuevo tribunal no podía revisar las decisiones de la Suprema, lo cual muestra la profundidad de las diferencias existentes entre los intereses del Poder Ejecutivo y otras instancias, evidenciando una división sobre el tema.
La comisión formada en el local de la Fundación Global, en la práctica política, es un atentado contra el principio de separación de los poderes, contra la independencia propia al equilibrio político, a la autonomía e invulnerabilidad del Poder Legislativo. Consideramos que el Presidente de la República se excedió al convocar en la Fundación Global a un conjunto de personas, funcionarios y miembros de instituciones privadas, para escoger entre ellos una comisión encargada de asesorar al Congreso Nacional para un asunto del cual está apoderado el Poder Legislativo. ¿Producto de la petulancia, del endiosamiento, de la prepotencia, o de la voluntad política?......
Angel Moreta
El tribunal Constitucional es la perla del momento, ocasión de debates jurídicos, históricos y políticos……. Han surgido posiciones diferentes entre abogados “constitucionalistas”, políticos, jueces de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios administrativos del Palacio Nacional y del Ministerio Público. Hasta los jerarcas de la iglesia católica han expresado también su punto de vista. Han dicho éstos que debiera formarse una comisión asesora para condimentar el debate parlamentario en el Congreso Nacional.
Han surgido también voces de “comunicadores” de los medios de prensa, radial, televisiva y escrita; quienes han opinado en artículos periodísticos que el Presidente de la República ha hecho muy bien en auspiciar la formación de una comisión asesora de los órganos legislativos para finiquitar y consensual las diferencias que han surgido en los debates, lo cual debe interpretarse como una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo.
En efecto, la Constitución aprobada el 26 de enero del año pasado trae la novedad de creación del Tribunal Constitucional; es una jurisdicción superior del sistema judicial dominicano para garantizar la supremacía de la Carta Magna, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales del pueblo dominicano. Tal jurisdicción cuenta con una ley orgánica, que es la que se encuentra en el centro del debate en cuanto a su competencia.
Los intereses encontrados entre jueces de la actual Suprema Corte de Justicia, legisladores, partidos, abogados y figuras de la administración, incluyendo la opinión cambiante del Presidente de la República, sobre las facultades y la competencia de dicho tribunal, revela la existencia de posiciones políticas contradictorias que conllevan intereses ideológicos diferentes.
Somos de opinión que de acuerdo a los artículos 277 y 278, es facultad de la nueva jurisdicción revisar decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional. En principio, el Presidente de la República compartía éste punto de vista, pero luego cambió su posición, siguiendo la propuesta del arzobispo Nicolás de Jesús López Rodríguez, asumiendo que el nuevo tribunal no podía revisar las decisiones de la Suprema, lo cual muestra la profundidad de las diferencias existentes entre los intereses del Poder Ejecutivo y otras instancias, evidenciando una división sobre el tema.
La comisión formada en el local de la Fundación Global, en la práctica política, es un atentado contra el principio de separación de los poderes, contra la independencia propia al equilibrio político, a la autonomía e invulnerabilidad del Poder Legislativo. Consideramos que el Presidente de la República se excedió al convocar en la Fundación Global a un conjunto de personas, funcionarios y miembros de instituciones privadas, para escoger entre ellos una comisión encargada de asesorar al Congreso Nacional para un asunto del cual está apoderado el Poder Legislativo. ¿Producto de la petulancia, del endiosamiento, de la prepotencia, o de la voluntad política?......
jueves, 24 de febrero de 2011
EL NUEVO AÑO 2011 Y LA DELINCUENCIA EN R.D.
(Continuación)
Por. Angel Moreta
Como consecuencia de los graves males sociales y económicos que afectan actualmente a la sociedad dominicana, de la cual hemos hecho un diagnóstico somero en la primera parte de este articulo, se desprende el incremento de las contradicciones sociales y de las conmociones políticas y económicas. Los distintos segmentos de la población dominicana, incluyendo sectores de clase media, sufren actualmente las consecuencias terribles de la delincuencia y de la corrupción imperante.
La experiencia reciente de las luchas sociales a favor del 4% del producto interno bruto en beneficio de la educación dominicana, señalan o apuntan hacia un incremento de las conmociones y estremecimientos sociales. Por un lado, el Congreso Nacional produce un golpe institucional, aprobando inmediatamente un presupuesto nacional con serias deformaciones en relación con la inversión pùblica, por ejemplo la educación, y por otro lado, el reeleccionismo y el clientelismo que se ha reiniciado con motivo de la posible convocatoria a una consulta popular o referéndum que desde ya ha comenzado, mediante el pago de bonos, y la oferta de ventajas, la campaña tendente a justificar la repostulación presidencial. Todo con los recursos del Estado utilizados en forma despiadada, y con la complicidad del Congreso Nacional.
Gran parte de los fondos públicos se utilizarán en la pre campaña reeleccionista. Todo indica que al actuar presidente nada lo detendrá en esa campaña, por ende, se incrementarán los niveles de corrupción administrativa, el peculado, el robo de los fondos públicos, el trafico de influencias, el compadreo en los tres Poderes del Estado, el silencio de la Suprema Corte de Justicia frente a tanto deterioro económico y social, que conduce a nuestra sociedad hacia un 11 de septiembre.
El año 2011, será un periodo de detonaciones sociales, pues la población, la indignación de las fuerzas económicas y sociales, está angustiada por la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran, y harta de la voracidad y la hipocresía del gobierno de turno, en el cual todos los funcionarios de rango mayor y medio se han enriquecido de manera espantosa, con la complicidad y el silencio de la justicia dominicana, cuyos estamentos hacen silencio frente al crimen y la corrupción administrativa. (Continuara).
(Continuación)
Por. Angel Moreta
Como consecuencia de los graves males sociales y económicos que afectan actualmente a la sociedad dominicana, de la cual hemos hecho un diagnóstico somero en la primera parte de este articulo, se desprende el incremento de las contradicciones sociales y de las conmociones políticas y económicas. Los distintos segmentos de la población dominicana, incluyendo sectores de clase media, sufren actualmente las consecuencias terribles de la delincuencia y de la corrupción imperante.
La experiencia reciente de las luchas sociales a favor del 4% del producto interno bruto en beneficio de la educación dominicana, señalan o apuntan hacia un incremento de las conmociones y estremecimientos sociales. Por un lado, el Congreso Nacional produce un golpe institucional, aprobando inmediatamente un presupuesto nacional con serias deformaciones en relación con la inversión pùblica, por ejemplo la educación, y por otro lado, el reeleccionismo y el clientelismo que se ha reiniciado con motivo de la posible convocatoria a una consulta popular o referéndum que desde ya ha comenzado, mediante el pago de bonos, y la oferta de ventajas, la campaña tendente a justificar la repostulación presidencial. Todo con los recursos del Estado utilizados en forma despiadada, y con la complicidad del Congreso Nacional.
Gran parte de los fondos públicos se utilizarán en la pre campaña reeleccionista. Todo indica que al actuar presidente nada lo detendrá en esa campaña, por ende, se incrementarán los niveles de corrupción administrativa, el peculado, el robo de los fondos públicos, el trafico de influencias, el compadreo en los tres Poderes del Estado, el silencio de la Suprema Corte de Justicia frente a tanto deterioro económico y social, que conduce a nuestra sociedad hacia un 11 de septiembre.
El año 2011, será un periodo de detonaciones sociales, pues la población, la indignación de las fuerzas económicas y sociales, está angustiada por la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran, y harta de la voracidad y la hipocresía del gobierno de turno, en el cual todos los funcionarios de rango mayor y medio se han enriquecido de manera espantosa, con la complicidad y el silencio de la justicia dominicana, cuyos estamentos hacen silencio frente al crimen y la corrupción administrativa. (Continuara).
jueves, 17 de febrero de 2011
EL NUEVO AÑO 2011 Y LA DELINCUENCIA EN R.D.
EL NUEVO AÑO 2011 Y LA DELINCUENCIA EN R.D.
Angel Moreta
El nuevo año 2011, encuentra a la sociedad dominicana en un estado social, económico e institucional verdaderamente desastroso y catastrófico. El diagnostico de los problemas que afectan al país es preciso: 1. Deterioro de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y La Policía Nacional, como consecuencia del trafico de drogas, lavado y corrupción administrativa crecientes. 2. El auge de la delincuencia criminal, que tiene sus raíces en la mala distribución del ingreso nacional, el desempleo al nivel de un 30% de la población económicamente activa, y la poca organización de la clase trabajadora, obstaculizada en sus condiciones de organización sindical en las empresas.
3. La crisis de la agricultura y el auge de las importaciones por encima de las exportaciones, lo que indica un desequilibrio social. 4. La crisis social permanente, caracterizada por la baja inversión del Estado en las áreas de educación, salud, alimentación y construcciones, acompañada ésta por la no existencia de mecanismos de control de precios o por la poca eficiencia de éstos debido a la falta del poder necesario para el ejercicio del control de precios. 5. La carestía en general de los bienes de consumo en materia de alimentación y de salud de la población, tal como los precios incontrolados de los medicamentos. 6. La baja inversión social del Estado viene acompañada de la corrupción administrativa y de la concentración de la inversión en ciertas áreas privilegiadas que no ayudan a un sano financiamiento equilibrado de las áreas fundamentales de la economía.
7. La debilidad institucional, el clientelismo, el tráfico de influencias, el reeleccionismo, el robo y el saqueo de los fondos públicos. 8. acompañado èsto del uso masivo de los recursos del Estado para la perpetuación viciosa en el poder, tanto de los gobernantes como de los partidos que ascienden al control del gobierno y del Estado. 9. La no aplicación de la ley de función pùblica, de competitividad, de contratación de obras del Estado y la no aplicación de legislaciones que obligan a las licitaciones de las obras públicas. 10. El tráfico de influencia es particularmente pernicioso, y ayuda a incrementar los niveles de corrupción administrativa, cada vez más crecientes y tolerados en el Estado dominicano. 11. Las contradicciones sociales fundamentales de la sociedad dominicana, que conducen a los conflictos de las élites económicas entre si, especialmente conflictos de intereses económicos y sociales.
12. El narcotráfico al desnudo, tales como las inmensas redes que conducían Quirino y Figueroa Agosto, y otras ramificaciones. 13. Hay que mencionar también los bajos niveles de ingresos de la población trabajadora en general y de los miembros de las instituciones del Estado y de los institutos castrenses, cuyos miembros se ven empujados a convertirse en delincuentes activos o socios de los delincuentes. 14. El vínculo entre miembros, rasos, clases y oficiales, con el tráfico de drogas, el lavado y otros delitos conexos.
En este diagnóstico social, económico e institucional en sentido amplio se encuentran las raíces de la delincuencia en la República Dominicana. Las instituciones represivas se caracterizan por su incapacidad en sentido general para combatir y contrarrestar estratégicamente la delincuencia, que de por sí es un fenómeno complejo y que no tiene en las actuales circunstancias una solución confiable e inmediata.
El único camino para atacar la delincuencia criminal es el mejoramiento de los niveles económicos y sociales de la población y la eficiencia de las instituciones; el aumento de la inversión social, la redistribución del ingreso y el incremento de las políticas sociales en provecho y beneficio de la población desvalida. Los niveles de miseria absoluta y el robo de los fondos públicos son causa eficiente de la delincuencia.
La ley del talión, la agresión virulenta contra reales o supuestos individuos tildados de delincuentes; coger la justicia en sus manos, no es la solución a tan grave problema. Tampoco lo es la justicia dominicana: ésta tiene un sistema carcelario deficiente, con débiles controles y pocas actividades productivas en la población carcelaria, amén de la presencia de una mala y negativa pedagogía social.
Además hay que considerar la existencia de un procedimiento penal poco confiable, con funcionarios nombrados improvisadamente a base del tráfico de influencia, del amiguismo y el compadreo, que conduce a las compras de votos y de firmas para uso político a base de bonificaciones o de recursos del Estado (seguiremos).
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